viernes, 11 de abril de 2008
La Soja es "Peronista"
En este articulo voy a reproducir un excelente articulo de la revista la tecla (http://www.latecla.info/v8/latecla/archivos/revistas/10728_Soja.pdf), de Buenos Aires, Argentina. En donde se hace un recorrido histórico en el cual se muestra que el mismo partido político que trajo por primera vez la soja (el Partido Justicialista o mejor conocido como Partido Peronista), es el que hoy en día lo denomina yuyo y aplica retenciones (derechos de exportación) altos, confiscatorios, a todos los exportadores sin medir o contemplar su capacidad contributiva.
“Elogio a la traición es un libro en el que los escritores franceses Yves Roucaute y Denis Jeambar aseguran que la falta de fidelidad política es clave en la transformación de la historia. Perfectamente se puede trazar un paralelismo en la reciente crisis del campo con el Gobierno nacional.
Desde el Estado se ha tratado despectivamente a la soja como “un yuyo”, y la oleaginosa ha sido el motor principal de la recuperación económica. Suena como una traición.
Más aún cuando la ofensiva viene del peronismo; es que desde la doctrina justicialista se les dio embrión al nacimiento y desarrollo del cultivo. La soja es tan peronista que fue el mismísimo Juan Domingo Perón quien habilitó su ingreso al país. Lo ha dicho varias veces el periodista especializado Héctor Huergo, lo ratifica el hijo de quien se encargó del primer arribo de semillas.
Hasta 1973, el producto de exportación por excelencia en la Argentina de hoy era sólo tema de estudio en diferentes facultades de Agronomía. Los visionarios le atribuían un futuro promisorio gracias a su alto valor proteico.
Es lo que veía Armando Palau, un ingeniero del noroeste de la provincia de Buenos Aires llegado al flamante tercer gobierno de Perón. Desde la subsecretaría de Agricultura, el joven entusiasta convenció al general, y obtuvo el permiso para traer de Estados Unidos la semilla que ya tenía cuotas de éxito en Brasil. Así, dos Hércules arribaron con la novedad.
No fue fácil la promoción. Incluso los medios de la época llegaron a acusar al ministerio de Economía de disfrazar la operación, y hablaban de presunto contrabando de electrodomésticos en los vuelos efectuados por naves de la Fuerza Aérea. Tampoco Palau tuvo una tarea sencilla para instalarla. Debió convencer a amigos con grandes extensiones para hacer las primeras pruebas de rendimiento, como así también a cerealistas para la multiplicación genética. Fueron de mucha ayuda los grupos CREA, de pequeños y medianos productores.
El principal impulsor de la soja permaneció poco en el gobierno. Se fue cuando murió Perón, perseguido por la Triple A (vaya paradoja, desde hace algunas sema-nas la soja y los crímenes de la AAA ocupan varios centímetros en los diarios y muchos minutos en radio y TV). “Militaba en un grupo impulsor de políticas agropecuarias que contemplaran todas las realidades del país y las realidades sociales del campo argentino; era un grupo del humanismo peronista que encabezaba José Ber Gelbard”, dice Palau hijo.
A pesar de la caída del gobierno constitucional, los pioneros continuaron con el cereal cuyo destino era la exportación. El crecimiento del cultivo fue constante, pero a ritmo cansino, durante la última dictadura y el gobierno radical de Raúl Alfonsín.
Antes de la vuelta de la democracia, Palau fue convocado por el candidato justicialista a la Presidencia, Italo Luder. La victoria radical no permitió que volviera a la Secretaría de Agricultura, pero asesoró a los gobernadores del PJ. Luego Palau presidió la Comisión Agropecuaria del partido, y comenzó a trabajar, de la mano de su amigo Luis Macaya, para el programa de gobierno de Antonio Cafiero en la Provincia. En el grupo había un in-geniero inquieto e interesado en la soja: Felipe Solá.
Tras la muerte de Palau, la posta la tomó quien años después fue gobernador de Buenos Aires. Durante la presidencia de Carlos Menem, Solá ocupó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tomó la decisión política de permitir la utilización del gen RR (resistente al Roundup -una marca de herbicida-), que hace resistente la soja a los venenos combativos de otras malezas. De esta manera, con la utilización de glifosato y el método de siembra directa, la oleaginosa recibe el impacto más importante para su impresionante expansión, triplicando en pocos años la superficie sembrada y casi cuadruplicando los rindes por hectárea.
Además, se da inicio a una evolución tecnológica e industrial para pro-veer de los elementos adecuados a los productores.
También al peronismo corresponde la decisión política de usarla como usina de recursos que servirían para cubrir necesidades básicas en un país devastado por la crisis. Eduardo Duhalde aprobó la sugerencia del ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, y pese al pataleo del campo, se instalaron las retenciones. Su progresiva suba operó directamente en la gordura de las cuentas fiscales. Ahora, en pos de la redistribución de la riqueza, la suba de lo pretendido por el Gobierno desató el histórico paro y abrió una nueva discusión en el país.
Algunos consideran que “el Gobierno absorve y no devuelve, y después acusa al productor y a los pooles de ser los responsables exclusivos de la degradación de recursos”. Creen que para que ello no suceda debe haber políticas de Estado adecuadas. Lo que nadie discute, pese a comentarios despectivos desde el mismísimo Gobierno, es el origen y expansión peronista de la soja.”
“Elogio a la traición es un libro en el que los escritores franceses Yves Roucaute y Denis Jeambar aseguran que la falta de fidelidad política es clave en la transformación de la historia. Perfectamente se puede trazar un paralelismo en la reciente crisis del campo con el Gobierno nacional.
Desde el Estado se ha tratado despectivamente a la soja como “un yuyo”, y la oleaginosa ha sido el motor principal de la recuperación económica. Suena como una traición.
Más aún cuando la ofensiva viene del peronismo; es que desde la doctrina justicialista se les dio embrión al nacimiento y desarrollo del cultivo. La soja es tan peronista que fue el mismísimo Juan Domingo Perón quien habilitó su ingreso al país. Lo ha dicho varias veces el periodista especializado Héctor Huergo, lo ratifica el hijo de quien se encargó del primer arribo de semillas.
Hasta 1973, el producto de exportación por excelencia en la Argentina de hoy era sólo tema de estudio en diferentes facultades de Agronomía. Los visionarios le atribuían un futuro promisorio gracias a su alto valor proteico.
Es lo que veía Armando Palau, un ingeniero del noroeste de la provincia de Buenos Aires llegado al flamante tercer gobierno de Perón. Desde la subsecretaría de Agricultura, el joven entusiasta convenció al general, y obtuvo el permiso para traer de Estados Unidos la semilla que ya tenía cuotas de éxito en Brasil. Así, dos Hércules arribaron con la novedad.
No fue fácil la promoción. Incluso los medios de la época llegaron a acusar al ministerio de Economía de disfrazar la operación, y hablaban de presunto contrabando de electrodomésticos en los vuelos efectuados por naves de la Fuerza Aérea. Tampoco Palau tuvo una tarea sencilla para instalarla. Debió convencer a amigos con grandes extensiones para hacer las primeras pruebas de rendimiento, como así también a cerealistas para la multiplicación genética. Fueron de mucha ayuda los grupos CREA, de pequeños y medianos productores.
El principal impulsor de la soja permaneció poco en el gobierno. Se fue cuando murió Perón, perseguido por la Triple A (vaya paradoja, desde hace algunas sema-nas la soja y los crímenes de la AAA ocupan varios centímetros en los diarios y muchos minutos en radio y TV). “Militaba en un grupo impulsor de políticas agropecuarias que contemplaran todas las realidades del país y las realidades sociales del campo argentino; era un grupo del humanismo peronista que encabezaba José Ber Gelbard”, dice Palau hijo.
A pesar de la caída del gobierno constitucional, los pioneros continuaron con el cereal cuyo destino era la exportación. El crecimiento del cultivo fue constante, pero a ritmo cansino, durante la última dictadura y el gobierno radical de Raúl Alfonsín.
Antes de la vuelta de la democracia, Palau fue convocado por el candidato justicialista a la Presidencia, Italo Luder. La victoria radical no permitió que volviera a la Secretaría de Agricultura, pero asesoró a los gobernadores del PJ. Luego Palau presidió la Comisión Agropecuaria del partido, y comenzó a trabajar, de la mano de su amigo Luis Macaya, para el programa de gobierno de Antonio Cafiero en la Provincia. En el grupo había un in-geniero inquieto e interesado en la soja: Felipe Solá.
Tras la muerte de Palau, la posta la tomó quien años después fue gobernador de Buenos Aires. Durante la presidencia de Carlos Menem, Solá ocupó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tomó la decisión política de permitir la utilización del gen RR (resistente al Roundup -una marca de herbicida-), que hace resistente la soja a los venenos combativos de otras malezas. De esta manera, con la utilización de glifosato y el método de siembra directa, la oleaginosa recibe el impacto más importante para su impresionante expansión, triplicando en pocos años la superficie sembrada y casi cuadruplicando los rindes por hectárea.
Además, se da inicio a una evolución tecnológica e industrial para pro-veer de los elementos adecuados a los productores.
También al peronismo corresponde la decisión política de usarla como usina de recursos que servirían para cubrir necesidades básicas en un país devastado por la crisis. Eduardo Duhalde aprobó la sugerencia del ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, y pese al pataleo del campo, se instalaron las retenciones. Su progresiva suba operó directamente en la gordura de las cuentas fiscales. Ahora, en pos de la redistribución de la riqueza, la suba de lo pretendido por el Gobierno desató el histórico paro y abrió una nueva discusión en el país.
Algunos consideran que “el Gobierno absorve y no devuelve, y después acusa al productor y a los pooles de ser los responsables exclusivos de la degradación de recursos”. Creen que para que ello no suceda debe haber políticas de Estado adecuadas. Lo que nadie discute, pese a comentarios despectivos desde el mismísimo Gobierno, es el origen y expansión peronista de la soja.”
miércoles, 9 de abril de 2008
Impuestos Aduaneros ¿inconstitucional?
El gravamen (en este caso retención a las exportaciones) integra la categoría de los llamados "impuestos aduaneros" o "derechos de aduana", son aquellos pertenecientes al Estado Nacional con exclusión de toda otra autoridad, en virtud de lo establecido en los arts. 4, 9 y 75 inc. 1°, de la Constitución Nacional y que consisten en gravámenes a la importación o la exportación de las mercaderías o productos.
El hecho imponible que origina la obligación fiscal en el caso es el despacho de la mercadería con fines de exportación.
Los derechos se aplicaban "sobre la base de los precios índices que oficialmente se establezcan o, en su defecto, de los valores FOB de exportación"
Los impuestos aduaneros han tenido siempre una doble finalidad; por un lado una finalidad recaudatoria y por el otro una de política comercial.
Los impuestos a la exportación se encuentran regulados en el Código Aduanero (ley 22.415)
La constitución nacional en su art. 4 establece que "El Gobierno Federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación...". Asimismo, el art. 17 dispone que "...Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4". Por su parte, el artículo 9 dispone que "En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso".
El art. 75, donde establece las atribuciones del Congreso de la Nación, ha fijado la competencia exclusiva del mismo para "...Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación...".
El art. 754 (del Código Aduanero) establece "el derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley". Recepta el llamado principio de legalidad tributaria esencial e insoslayable en la aplicación de cualquier tributo.
El art. 755 (del Código Aduanero), el legislador fijó una extensa serie de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo que le otorgan, lisa y llanamente, la prerrogativa de hacer la ley. Pues se lo faculta para gravar, desgravar, modificar derechos y/o conceder exenciones referidas a los impuestos a la exportación, cubriéndose así casi todos los casos posibles.
Por medio del art. 1° Decreto N° 2752/1991, se delegó en el Ministerio de Economía, las facultades conferidas por el citado art. 755 del Código Aduanero.
Los requisitos de un tributo constitucional son la legalidad, la igualdad, la no confiscatoriedad y la libertad de circulación.
El ppio. de legalidad establece que ningún tributo puede ser establecido sin ley.
Asimismo, se trata de un desprendimiento de la clásica doctrina de la división de poderes gubernamentales, cuyo principal objetivo reside en evitar la concentración del poder con su secuela de ejercicio abusivo en desmedro de los derechos y garantías constitucionales.
Recordemos que en la Constitución encontramos disposiciones que específicamente condicionan la validez de los impuestos a su establecimiento por ley. Tanto el art. 4°, como los arts. 17° y 75° inc. 1 y 2, disponen categóricamente que las cargas impositivas sólo pueden emanar del Congreso.
En el caso de los impuestos a la exportación, en virtud de la amplísima delegación de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo dispuesta por el art. 755 del Código Aduanero, el principio de legalidad tributaria se ve claramente vulnerado.
Recordemos también la imposibilidad de delegar este tipo de facultades, el principio general surge de los arts. 76 y 99, inc. 3°. El primero establece que "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo". El segundo dispone que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo".
El citado art. 76 de la Constitución, luego de la categórica prohibición que dispone, establece una excepción cuando se tratare de materias de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y, dentro de la base de delegación que el Congreso establezca por ley. Las cuestiones tributario-aduaneras se encuentran dentro de esas "materias de administración"
La Cámara de Diputados tiene el carácter de Cámara de origen para el tratamiento de materia tributaria. Recuérdese que "El Principio de legalidad descansa en la exigencia, propia de la concepción democrática del Estado, de que sean los representantes del pueblo, quienes tengan directa intervención en el dictado de los actos del poder público tendientes a obtener de los patrimonios de los particulares los recursos para el cumplimiento de los fines del Estado" .
El art. 99, inc. 2° de la Constitución establece que es función del Presidente expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes del Congreso, procurando no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
Según Bianchi, al reglamentar en exceso una ley, el Presidente ejerce una actividad legislativa originaria que le está prohibida respecto de materias que son ajenas a su competencia. Ello trae, necesariamente, una violación al principio de la división de poderes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nacion desde su más inveterada jurisprudencia ha venido sosteniendo en forma pacífica la imposibilidad de la aplicación de tributos sin ley emanada del Congreso.
La Corte sostuvo que: "Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aun en aquellos países en que, como los Estados Unidos de América, el poder reglamentario del Poder Ejecutivo se halla fuera de la letra de la Constitución".
Fuente: Interpretacion propia en base al articulo publicado en La Ley el 18/03/08.
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